El sector asegurador mundial enfrenta un nuevo escenario: fenómenos climáticos cada vez más intensos, frecuentes y costosos. Según análisis internacionales citados por The Conversation, las pérdidas económicas asociadas a eventos extremos han aumentado de manera sostenida en las últimas décadas, mientras que las pérdidas aseguradas crecen entre un 5 % y un 7 % anual.
Detrás de estas cifras hay una realidad innegable: el cambio climático está elevando el nivel de riesgo a un punto en el que muchas aseguradoras deben replantearse cómo proteger —y a qué precio— a poblaciones expuestas a inundaciones, olas de calor, tormentas severas o sequías prolongadas..
UNA REGIÓN VULNERABLE
En América Latina, la situación es aún más desafiante. El informe “Cambio Climático, Riesgos Extraordinarios y Políticas Públicas”, elaborado por MAPFRE Economics y presentado durante la COP30, advierte que solo alrededor del 19 % de las pérdidas económicas causadas por desastres naturales están aseguradas.
El resto lo asumen familias, empresas y Gobiernos. Las causas son estructurales: baja penetración de seguros, expansión urbana en zonas vulnerables, limitada cultura de prevención y sistemas de alerta temprana poco desarrollados. Ricardo González, Director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de MAPFRE Economics, explicó que “las pérdidas aseguradas derivadas de fenómenos catastróficos han mostrado una tendencia ascendente sostenida a largo plazo”.
Agregó que, además del cambio climático, influyen factores como el crecimiento demográfico, la urbanización desordenada y el incremento del valor de los bienes expuestos. El documento subraya que en 2024 las catástrofes meteorológicas provocaron más de 300.000 millones de dólares en pérdidas económicas en el ámbito mundial, de las cuales cerca de 145.000 millones estaban aseguradas. La cifra confirma un patrón: cada año aumenta la brecha entre lo que se pierde y lo que realmente está protegido.
FORTALECIMIENTO
Ante este panorama, según el informe, MAPFRE recomienda en Panamá, reducir la brecha como desafío de política pública. Es decir, “cerrar la brecha de protección aseguradora para los riesgos catastróficos es un reto que requiere la acción coordinada del sector asegurador y de todos los niveles de Gobierno. Sin medidas y mecanismos adecuados de protección y compensación, los riesgos climáticos tienden a convertirse en no asegurables o inasequibles para la población”, señala la publicación. El informe destaca la importancia de desarrollar marcos de colaboración entre las administraciones públicas y el sector asegurador para gestionar y compartir riesgos de desastres, tomando como referencia modelos como el Consorcio de Compensación de Seguros en España, que indemniza siniestros extraordinarios.
El informe advierte, además, que las pérdidas económicas asociadas a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos están aumentando y se prevé que continúen al alza debido a la mayor frecuencia y gravedad de las catástrofes provocadas, entre otros factores, por el calentamiento global.
