DEPENDEMOS EN GRAN MEDIDA DE EMPRESAS Y PROVEEDORES QUE ESTÁN SUJETOS A REGULACIONES EN SUS PAÍSES QUE PROCURARÁN DERIVAR A SUS GRUPOS VINCULADOS EN EL EXTERIOR.

Uno de los retos más grandes que tiene una empresa en materia de prevención es el de dimensionar de forma real y alineada sus actividades con los distintos focos de riesgo a los que se expone.

Como punto de partida, hemos de establecer que, por definición, el riesgo “0” no existe; la inexistencia de riesgos de manera absoluta es imposible de lograr, lo que nos lleva a establecer que el objetivo que se debe perseguir en cualquier ejercicio de gestión de riesgos es el control, al punto que la posibilidad de ocurrencia sea la menor posible, así como sus efectos.

Determinar correctamente los riesgos es crucial, ya que sabiendo de antemano que la actividad, su ejecución y su fin son potenciales fuentes de afectación, podemos diseñar los procesos encaminados a su prevención. Entre los efectos negativos más significativos para una empresa están los riesgos de tipo normativo (que se asocian a multas o acciones coercitivas por parte de entes gubernamentales o de fiscalización), aquellos relacionados con la responsabilidad civil, riesgos de tipo laboral, ligados a la falencia de procesos de gestión del recurso humano y aquellos de tipo reputacional, por mencionar algunos.

El riesgo es la probabilidad “medible” de que un hecho ocurra, y si ocurre el grado de afectación que ocasiona, lo que es un concepto ligado a las probabilidades, donde la meta es que esta sea la más baja posible.

El objetivo de este artículo es llamar la atención acerca de un fenómeno de tipo mundial que en otras latitudes ha alcanzado niveles de desarrollo mucho más amplios y que se traducen en exigencias cada vez más usuales para nosotros, tanto a nivel de país como a nivel de empresa, puesto que al ser Panamá un país donde la manufactura nacional y la exportación no es el fuerte, es claro que dependemos en gran medida de empresas y proveedores que están sujetos a regulaciones en sus países que procurarán derivar a sus grupos vinculados en el exterior, prueba de ello es el nivel de regulación nacional que hemos experimentado en los últimos años que se ve demostrado en normas regulatorias de la protección de datos (Ley 81 de 26 de marzo de 2019) las normas contra el acoso laboral (Ley 7 de 14 de febrero de 2018) o las normas contra el blanqueo de capitales que nos trajeron la Ley 23 de 2015 y la Ley 124 de 7 de enero de 2020 que eleva a categoría de Superintendencia la regulación a los Sujetos no Financieros.

No es coincidencia que estas regulaciones guarden estrecha relación con los esfuerzos del GAFI por endurecer la regulación para la prevención del blanqueo de capitales o que la Unión Europea hubiese implementado la RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) que entró en vigencia apenas en 2018; la globalización es, sin duda, el factor vinculante, pues cada vez es más evidente que el cumplimiento y la gestión del riesgo son elementos que influyen en la competitividad de la empresa, gracias a principios ya desarrollados, como el de “stakeholders”, que promueve que las empresas declaren abiertamente su intención de hacer negocios solo con aquellos que mantengan sus mismos estándares éticos y de cumplimiento.

En resumen, la gestión de riesgos y el cumplimiento dentro del ambiente corporativo de la empresa es un fenómeno que se desarrolla de una forma verdaderamente rápida, no solo porque nuestros socios comerciales así lo exijan, sino porque el riesgo de no hacerlo cada vez es más alto.

Una mala gestión del recurso humano o en el diseño de procesos puede colocar a la empresa en graves aprietos en un abrir y cerrar de ojos, como muestra, pensemos en las consecuencias de una mala gestión del riesgo de blanqueo que nos puede ganar multas astronómicas a nivel local y la inclusión en una lista restrictiva de comercio a nivel internacional, o cómo una mala gestión de nuestras redes de datos nos puede enfrentar a riesgos normativos por la exposición de datos personales o a riesgos reputacionales con daños incalculables, o algo tan común, como una inexistente gestión de los procesos de recursos humanos que nos expone a multas o pago de cuantiosas indemnizaciones por despidos y contrataciones mal efectuadas.


JOSÉ HIDALGO FUNG DELGADO

ESPECIALISTA EN DERECHO MERCANTIL, CIVIL Y OBLIGACIONES

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